Si bien el futuro del sector minero de México sigue siendo incierto, los reciente temores a que la nueva administración obstaculizase el crecimiento del sector a través de regulaciones demasiado estrictas se ha disipado ligeramente.
El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como es más comúnmente conocido, había propuesto una serie de reformas a la Ley Minera a finales del año pasado, lo que causó el descenso en el valor de las acciones de las principales empresas mineras de México en un 10%.
Aún cuando sigue habiendo cierta incertidumbre, Francisco Quiroga, Subsecretario de Minería de la Secretaria de Economía (SE), anunció en diciembre que las enmiendas no se aplicarían retroactivamente.
Si se aprueban, las enmiendas entregarían al Servicio Geológico Mexicano la responsabilidad de llevar a cabo evaluaciones de impacto social y ambiental en todas las concesiones futuras, y facultarían a la SE para intervenir si considera que una concesión tiene un impacto negativo en su entorno.
Además, el gobierno necesitaría obtener la aprobación de las comunidades indígenas afectadas, antes de otorgar nuevas concesiones en sus tierras, y se exigiría a las empresas presentar un informe anual actualizando el impacto de sus actividades mineras.
Quiroga también aclaró que el gobierno no está tratando de elevar las regalías que las empresas mineras tienen que pagar para extraer minerales, y que el objetivo es impulsar la exploración en el sector.
"El nuevo gobierno tiene como objetivo promover la industria minera, reduciendo al mismo tiempo su impacto medioambiental, mejorando la salud y la seguridad, impulsando la tecnología y aumentando los beneficios hacia las comunidades locales," dijo a OBG Alfredo Tijerina, CEO del Fideicomiso de Fomensto Minero, FIFOMI.
México es el mayor productor mundial de plata y también un importante productor de oro, cobre, zinc y otros minerales. También es el tercer mayor receptor de inversión extranjera de la industria extractiva en América Latina y el sexto más grande del mundo.
La industria minera contribuye de forma importante a la economía nacional, aportando el 2.5% al PIB el año pasado, siendo responsable por más de 385,000 empleos directos y 2 millones de empleos indirectos, según cifras de la Cámara Minera de México (CAMIMEX).
Tradicionalmente, las empresas locales y extranjeras de la industria operaban en un entorno bastante desregulado; sin embargo, también han tenido que enfrentar problemas relacionados con regulaciones fiscales, seguridad y escasez de mano de obra calificada.
Es por esto que, aún cuando la perspectiva de regulaciones más estrictas ha significado la oposición de algunos, las empresas mineras han estado dispuestas a colaborar con el gobierno en términos de reformar la Ley de Minería.
Con este propósito, Fernando Alanís Ortega, CEO de CAMIMEX, se reunió en noviembre con varias comisiones del Senado para discutir los cambios a la ley.
"Queremos trabajar con el gobierno para abordar los temas pendientes y fortalecer la competitividad internacional", dijo Sergio Almazán, Director General de CAMIMEX, a los medios de comunicación locales en enero.
"Somos muy optimistas de que el diálogo se traduzca en crecimiento y beneficie a todos los involucrados en el sector minero."
En una señal de que la administración es receptiva tanto a las preocupaciones de la industria como al reconocimiento de imperativos de desarrollo más amplios, la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) recibió en febrero la aprobación para utilizar técnicas de ‘fracking’ hidráulico en ocho pozos exploratorios ubicados en el estado de Veracruz.
El gobierno de AMLO ha afirmado que reevaluará el futuro del fracking según los resultados de estas exploraciones y la determinación de su impacto en las reservas de agua, lo que no deja de marcar un claro cambio, comparado con la declaración de la administración en diciembre, cuando se señaló que no se llevaría a cabo ningún procedimiento de fracking.
La continua incertidumbre sobre la naturaleza y el impacto de las nuevas regulaciones parece estar afectando negativamente a la industria, lo que se ha traducido en una caída de 10% en la producción durante los primeros tres meses de este año, según comunicado de prensa de CAMIMEX en marzo.
Aunque las aclaratorias sobre las concesiones se han acogido favorablemente, las reformas, propuestas en noviembre, aún no se han aprobado. Considerando que las inversiones mineras suelen tardar 10 años en madurar, será necesaria mayor certidumbre para incentivar a los inversionistas y garantizar el crecimiento del sector a largo plazo.
Según CAMIMEX, una vez finalizadas las reformas, las perspectivas del sector deberían mejorar. Alanís Ortega destacó que el sector minero recibió US$ 3,600 millones en inversiones durante 2018, cifra que podría ascender a 4 mil millones de dólares este año.
Si bien la aprobación de las enmiendas finales a la Ley de Minería reducirá la incertidumbre de los inversionistas, se requerirán más cambios legales y administrativos para abordar otros problemas.
Estos cambios incluyen mejoras en la estructura tributaria y de incentivos fiscales para la industria.
"Trabajando en conjunto con las autoridades tributarias, tenemos que implementar un sistema automatizado de devolución de Impuestos al Valor Agregado, para garantizar que las empresas mineras que cumplan con las leyes tributarias y no tributarias puedan usar su flujo de caja como capital circulante para sus operaciones", dijo Tijerina a OBG.
La seguridad es también una preocupación para muchos, pues hay empresas que han enfrentado ataques y robos mientras transportaban personal o materiales.
"La seguridad es el principal factor de riesgo y costo de las operaciones mineras en México", dijo Quiroga a OBG. "Con el fin de abordar este reto, el gobierno está implementando ahora un enfoque preventivo y disuasorio, identificando las actividades delictivas que afectan a cada zona minera, con miras a descarrilar su modus operandi, mientras se abordan las causas de fondo del problema."
Sin embargo, el potencial de crecimiento de la industria sigue siendo considerable, y muchos son optimistas sobre el futuro. Si se mejoran estos temas, CAMIMEX pronostica que México podría convertirse en el quinto país minero del mundo, generar 20,000 nuevos puestos de trabajo y aumentar a 4% la contribución del sector al PIB.
While the future of Mexico’s mining sector remains uncertain, previous fears that the new administration would impede growth through heavy-handed regulations have been somewhat allayed.
The government of President Andrés Manuel López Obrador, better known as AMLO, had proposed a series of reforms to the Mining Law late last year, causing shares in Mexico’s main mining companies to drop by 10%.
Although some uncertainty remains, Francisco Quiroga, the undersecretary for mining at the Ministry of the Economy (MoE), announced in December that the amendments would not be applied retroactively.
If approved, the amendments would hand the Mexican Geological Survey the responsibility to undertake social and environmental impact assessments on all future concessions, and empower the MoE to intervene if a concession is deemed to have a negative impact on the surrounding area.
Additionally, the government would need to obtain the consent of affected indigenous communities prior to granting new concessions on their lands, and companies would be required to present an annual report on the ongoing impact of their mining activities.
Quiroga also clarified that the government is not seeking to raise the royalties mining companies have to pay to extract minerals, and that the goal is to boost exploration in the sector.
“The new government aims to promote the mining industry, while also minimising its environmental impact, improving health and safety, boosting technology and increasing the trickle-down benefits to local communities,” Alfredo Tijerina, CEO of the Mining Trust, also known as FIFOMI, told OBG.
See also: The Report – Mexico 2018
Mexico is the world’s largest producer of silver and also a major producer of gold, copper, zinc and other minerals. It is also the third-largest recipient of foreign investment in extractives in Latin America and the sixth largest in the world.
The industry makes an important contribution to the national economy, contributing 2.5% to GDP last year, as well as supporting more than 385,000 direct and 2m indirect jobs, according to figures from the Mining Chamber of Mexico (Cámara Minera de México, Camimex).
Domestic and foreign industry players traditionally operated in a fairly deregulated environment, but have also faced issues related to taxation, security and skills shortages.
Therefore, while the prospect of more stringent regulations have been met with opposition from some, mining firms have been keen to collaborate with the government in terms of reforming the Mining Law.
To this end, Fernando Alanís Ortega, CEO of Camimex, met with several Senate committees to discuss the changes to the law in November.
“We want to work with the government to address outstanding issues and strengthen international competitiveness,” Sergio Almazán, director-general of Camimex, told local media in January.
“We are very optimistic that the dialogue will translate into growth and benefit all those involved in the mining sector.”
In a sign that the administration is receptive to both industry concerns and broader development imperatives, the state-owned oil company Petróleos Mexicanos received approval to use hydraulic fracking at eight exploratory wells located in Veracruz in February.
While the AMLO government has stated that it will reassess the future of fracking based on the outcome of these explorations and an assessment of its impact on water supplies, this nevertheless marks a clear shift from the administration’s earlier statement in December that no fracking would be undertaken.
Ongoing uncertainty regarding the exact nature and impact of the new regulations appears to be adversely affecting the industry, with production falling 10% in the first three months of this year, according to a March press release from Camimex.
Although the clarification regarding concessions has been welcomed, the reforms, although proposed in November, are yet to be passed. Considering mining investments often take 10 years to mature, certainty will be needed to incentivise investors and ensure long-term growth in the sector.
According to Camimex, once reforms are finalised the outlook of the sector should improve, with Alanís Ortega highlighting that the mining sector had received $3.6bn in investment in 2018 and that this figure could rise to $4bn this year.
While the passing of the final amendments to the Mining Law will reduce investor uncertainty, further legal and administrative changes will be required to address other concerns.
These changes include improvements to the taxation and financial incentives structures for the industry.
“Together with the tax authorities, we have to implement an automated value-added tax refund system to ensure that mining companies compliant with the tax and non-tax laws are able to use their cash flow as working capital for their operations,” Tijerina told OBG.
The security situation is also a concern for many, and companies have faced attacks and theft while transporting personnel or materials.
“Security is the main risk and cost factor of mining operations in Mexico,” Quiroga told OBG. “In order to tackle this challenge, the government is now implementing a preventive and dissuasive approach by identifying the criminal activity affecting each mining area with a view to derailing its modus operandi while addressing the root causes of it.”
However, the growth potential of the industry is still substantial, and many are optimistic about the future. If these issues are improved, Camimex forecasts that Mexico could become the fifth-highest producing mining country in the world, generate 20,000 new jobs and increase the contribution to GDP of the sector to 4%.
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