México ha presentado una nueva estrategia fiscal para apoyar a la productora petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en la expansión de su producción y el desarrollo de nuevos yacimientos, aunque algunos analistas de la industria se cuestionan si estas medidas serán necesarias para sanar el actual nivel de deuda de la empresa.
El 15 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, un plan sexenal diseñado para mejorar la posición financiera de la empresa mediante la liquidación de activos, reducción en los pagos de impuestos y una mayor eficiencia de manera general.
El plan incluye la monetización de pagarés por un valor de MXN 35 mil millones (US$ 1,800 millones), el compromiso corporativo en la lucha contra la corrupción y el robo de combustible, con lo que se espera ahorrar MXN 32 mil millones (US$ 1,700 millones), y una reducción en la carga fiscal de MXN 90 mil millones (US$ 4,700 millones) hasta fines del 2024.
Las reformas están programadas para aumentar la inversión en Pemex de MXN 204 mil millones (US$ 10,500 millones) el año pasado a MXN 288 mil millones (US$ 14,900 millones) este año –según Alberto Velázquez García, Director de Finanzas de la empresa–, un 5.5% más de lo que se había estimado originalmente.
La mejora fiscal proyectada es uno de los factores clave, junto con la inversión en nuevas tecnologías y en colaboraciones público-privadas, que se espera aumenten la producción de petróleo de Pemex.
Después de alcanzar un pico de producción de crudo de 3.4 millones de barriles por día (bpd) en 2004, la producción de la empresa ha caído hasta llegar a los niveles actuales de alrededor de 1.8 millones de barriles por día. El objetivo del gobierno de elevarla hasta llegar a 2.5 millones de barriles por día en 2024.
Para impulsar la producción a corto y mediano plazo, el Programa de Fortalecimiento prevé el desarrollo de 20 nuevos campos: 16 en aguas someras y cuatro campos en tierra firme.
Aún cuando las reservas probadas de petróleo han bajado de 47.800 millones de barriles en 1997 a 7,200 millones a fines de 2017, según el informe de BP "Revisión Estadística de la Energía Mundial", publicado en junio del año pasado, las cifras de la industria respaldan la expansión planificada.
"Las actividades de Pemex son clave para la economía nacional y hay un gran potencial en la exploración de yacimientos maduros en México", dijo a OBG Fernando Barbosa Sahagún, Presidente de Petroindustrias Globales, proveedor de tecnología del sector energético.
Sin embargo, para cumplir con los objetivos de producción del gobierno y asegurar la sostenibilidad a largo plazo, los analistas han recomendado a Pemex asociarse con empresas del sector privado para ayudar a financiar la exploración de campos de aguas profundas del país, pues se estima que unos 60,000 millones de barriles de petróleo se encuentren en las profundidades del Golfo de México.
De hecho, en enero, la agencia de calificación Fitch señaló que la empresa podría mejorar su situación financiera y expandir con éxito sus operaciones mediante la autorización de nuevas asociaciones con compañías petroleras privadas.
Esto ocurre en medio de preocupaciones sobre la emisión de licencias de exploración bajo el gobierno de AMLO, en el poder desde el 1 de diciembre del año pasado, después de que éste solicitase en diciembre al instituto regulador del sector que cancelara dos rondas de subastas en el área de exploración y producción y pospusiera la adjudicación de siete bloques en tierra firme, que iban a otorgarse entre febrero y octubre de este año, citando un deseo de evaluar el proceso de adjudicación de contratos.
La incertidumbre a la que se enfrenta el sector privado, que se incrementó con estos aplazamientos, crece aún más ante los planes de AMLO para otorgar a Pemex un papel más preponderante en la industria energética del país. El presidente fue un crítico acérrimo de las reformas de 2013, cuyo objetivo fue abrir el sector a una mayor inversión privada y terminar con 75 años de monopolio estatal sobre la exploración y producción de energía.
Sin embargo, dado que las reformas energéticas de la nueva administración están en sus etapas iniciales, no está claro cómo se desarrollará la relación entre Pemex y el sector privado en lo que resta de la presidencia de AMLO.
El plan del gobierno para modernizar el sector energético ha sido recibido positivamente por la industria, donde importantes figuras – incluyendo al Consejo Coordinador Empresarial, que representa los intereses del sector privado del país–, han declarado a los medios locales que es un paso en la dirección correcta.
Apoyando este punto de vista, Alejandro Villarreal, Director Ejecutivo del proveedor de servicios petroleros Cotemar, dijo a OBG: “México y la industria del petróleo y del gas necesitan un Pemex sólido, confiable y eficiente. La nueva administración está avanzando en este sentido ".
Sin embargo, con deudas de US$ 106 mil millones, que hacen de Pemex la compañía petrolera más endeudada del mundo, según Bloomberg, analistas argumentan que las exenciones fiscales no van lo suficientemente lejos.
Tanto Fitch como representantes de la firma de administración de activos Bluebay, dijeron que creían que la compañía necesitaba una ayuda fiscal de entre 9 y 15 mil millones de dólares anuales a mediano plazo para fortalecer la empresa, pues se requieren fondos para mejorar la infraestructura, invertir en nuevas actividades de exploración y producción, e incrementar la producción existente.
El impacto del alto nivel de endeudamiento se enfatizó el 29 de enero, cuando Fitch rebajó la calificación de la deuda de Pemex dos puntos, a "BBB-".
AMLO cuestionó la decisión y destacó que se están abordando muchos de los problemas que afectan a la compañía, tales como la liquidez, la corrupción y el desperdicio, y que las reformas harán que Pemex evite suscribir deuda este año, por primera vez en 10 años.
Sin embargo, la agencia reafirmó la rebaja en la calificación, alegando que el paquete de rescate recientemente anunciado, aunque fue un paso en la dirección correcta, no es suficiente para impulsar adecuadamente las actividades de exploración y producción.
Más aún, tras el anuncio gubernamental del Programa de Fortalecimiento el 15 de febrero, el precio de los bonos Pemex con fecha de vencimiento de 2027 cayó en 0.9% a US$ 97.39. Esta caída en el precio de los activos puede tomarse como una indicación de que el mercado no está completamente convencido de que las exenciones fiscales serán suficientes para mejorar el futuro de la empresa.
Mexico has unveiled a new fiscal strategy to support the state-owned oil producer Petróleos Mexicanos (Pemex) expand output production and develop new fields, though some industry analysts question whether this will be sufficient to revive the indebted firm.
On February 15 President Andrés Manuel López Obrador (AMLO) announced the launch of Pemex’s Strengthening Programme, a six-year plan designed to improve the company’s financial position through the liquidation of assets, a reduction in tax payments and improved efficiency.
It includes the monetisation of promissory notes worth MXN35bn ($1.8bn), a pledge to crackdown on corruption and fuel theft, expected to save MXN32bn ($1.7bn), and tax relief amounting to MXN90bn ($4.7bn) through to the end of 2024.
The reforms are set to see investment in Pemex increase from last year’s MXN204bn ($10.5bn) to MXN288bn ($14.9bn) this year, according to by Alberto Velázquez García, the company’s CFO, some 5.5% more than originally estimated.
See also: The Report – Mexico 2018
This projected fiscal improvement is one of the key factors, along with investments in new technologies and public-private collaborations, that is expected to increase Pemex’s oil production.
After reaching peak crude output of 3.4m barrels per day (bpd) in 2004, the company has seen production fall to current levels of around 1.8m bpd, with the government aiming to lift this to 2.5m bpd by 2024.
To boost production in the short and medium term the Strengthening Programme foresees the development of 20 new fields: 16 shallow water deposits and four onshore finds.
Although proven oil reserves have dropped from 47.8bn barrels in 1997 to 7.2bn at the end of 2017, according to BP’s “Statistical Review of World Energy” report released in June last year, industry figures are nonetheless supportive of the planned expansion.
“The activities of Pemex are key to the national economy and there is a lot of potential in the exploration of mature fields in Mexico,” Fernando Barbosa Sahagún, chairman of Petroindustrias Globales, an energy sector technology provider, told OBG.
However, in order to meet government production targets and to secure long-term sustainability, analysts have encouraged Pemex to team up with private sector players to help fund the exploration of the country’s deepwater assets, with some 60bn barrels of oil estimated to lie beneath the Gulf of Mexico.
Indeed, in January ratings agency Fitch noted that the company could improve its financial situation and successfully expand its operations through the authorisation of new joint partnerships with private oil companies.
This comes amid concerns over the issuance of exploration licences under AMLO’s government, which came to power on December 1 last year, after it requested in December that the sector regulator cancel two upstream auctions rounds and postpone the awarding of seven onshore clusters from February to October this year, citing a wish to evaluate the contract-awarding process.
Private sector uncertainty, which these postponements increased, is fuelled by AMLO’s plans to give Pemex a more substantial role in the country’s energy industry. The president was a staunch critic of 2013 reforms that aimed to open the sector up to greater private investment and end the state’s 75-year monopoly over energy exploration and production.
Nevertheless, as the new administration’s energy reforms are only in their initial stages, it is unclear how the relationship between Pemex and the private sector will unfold throughout the rest of AMLO’s presidency.
The government’s plan to revamp the energy sector has been received positively by industry players, with major figures, including the Business Coordinating Council – which represents the interests of the country’s private sector – telling local media that it constituted a move in the right direction.
Supporting this view, Alejandro Villarreal, the executive director of oilfield services provider Cotemar, told OBG, “Mexico and the oil and gas industry need a solid, reliable and efficient Pemex. The new administration is making progress in this regard.”
Nevertheless, with debts of $106bn making Pemex the most indebted oil company in the world, according to Bloomberg, analysts have argued that the tax breaks do not go far enough.
Both Fitch and representatives from asset management firm Bluebay said they believed the company needed fiscal relief of between $9bn and $15bn annually over the medium term to strengthen the firm, with funding required to upgrade infrastructure, invest in new exploration and production activities, and boost existing output.
The impact of the high level of indebtedness was highlighted on January 29 when Fitch downgraded Pemex’s debt rating two notches to “BBB-”.
AMLO questioned the decision, highlighting that many of the challenges affecting the company – such as liquidity, corruption and waste – are being addressed, and that the reforms would see Pemex avoid subscribing debt this year, for the first time in 10 years.
However, the ratings agency reaffirmed the downgrade, stating that the recently announced support package, while a step in the right direction, was not enough to adequately boost exploration and production activities.
Furthermore, following the government announcement of the Strengthening Programme on February 15, the price of Pemex bonds with an expiration date of 2027 fell 0.9% to $97.39. This asset price fall can be taken as an indication that the market was not fully convinced that the tax breaks will prove sufficient to improve the company’s fortunes.
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